Entorno

En Venezuela, persiste un contexto marcado por una alta conflictividad causada por la falta de independencia de los poderes públicos, la impunidad y la debilidad institucional. Preocupa la severidad con la que el Estado venezolano ha logrado socavar derechos esenciales a través de graves violaciones contra la vida, integridad personal, libertad personal y debido proceso de los ciudadanos y ciudadanas de poblaciones locales.

Durante los últimos veinte años, el Estado venezolano ha desconocido los acuerdos y obligaciones nacionales e internacionales que fueron convenidas, y tampoco ha mostrado disposición por atender las recomendaciones reiteradas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de las distintas misiones diplomáticas en ocasión del segundo ciclo del Examen Periódico Universal al Estado venezolano (EPU), dedicadas a salvaguardar los derechos humanos en el país.

Frente a la necesidad urgente de poner fin a los abusos y vulneraciones sistemáticas, una reflexión que surge a partir del estudio Atlas del silencio del IPYS Venezuela, es si la existencia de desiertos de noticias que revelan la escasez de información local favorece un ambiente para que ocurran ataques y actos de hostigamiento, al no existir medios donde se puedan denunciar y visibilizar estos hechos; y la opinión pública los desconozca favoreciendo la impunidad.

Con el propósito de contribuir a la documentación, denuncia, y difusión de información en materia de derechos humanos, esta sección pone la lupa en el entorno de agravios contra las garantías fundamentales de los habitantes de cada uno de los municipios evaluados en la investigación de desiertos de noticias, sirviendo de aporte para la definición de agendas informativas que atiendan estos temas en todas localidades del país, y así elevar los reclamos de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Para 2022, la organización no gubernamental COFAVIC, que se dedica a monitorear los derechos a la vida y la integridad personal, registró un total de 1099 casos de violaciones a los derechos humanos, que comprenden 677 presuntas ejecuciones extrajudiciales, 389 detenciones arbitrarias, 30 agresiones a la integridad personal, 14 desapariciones forzadas, y tres incidentes por trata de personas.

Estos hechos se ubicaron en 158 municipios de 23 estados de Venezuela, y al cruzarlos con la clasificación de desiertos de noticias se encontró que 33% corresponden a zonas en las que es escasa o inexistente la cobertura de información local. En cuanto a las violaciones constatadas en estos territorios, suman 214 de las cuales la mayoría, 162, fueron presuntas ejecuciones extrajudiciales.

En relación con el género de las víctimas de las vulneraciones analizadas, las cifras reseñadas demuestran que sistemáticamente los hombres (96%) y el 4% son mujeres. En lo que concierne a la edad, 84% de los afectados son jóvenes, menores de 25 años, un 12% tienen entre 26 a 40 años, 2% tienen entre 41 y 60 años y 2% corresponde a menores de edad.

Esta recopilación también evidencia que en el 38% de los casos fueron presuntamente responsables funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el 17% funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el 11% funcionarios de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Estadal (PE), en el 4% funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Policía Municipal (PM), y en el 14% hubo una actuación de presuntos grupos civiles armados.

Septiembre fue el mes en el que se documentaron más violaciones, con 255 registros, y de estas 182 corresponden a detenciones arbitrarias que se ejecutaron mayormente en el estado Guárico. Durante junio, que comprendió 105 vulneraciones, también fueron recurrentes estas prácticas de privación de libertad, totalizando 76, y casi la mitad se ejecutaron en el Distrito Capital.

En febrero, que acumuló 104 hechos, predominaron las presuntas ejecuciones extrajudiciales con 86 casos, y Aragua es la entidad que mostró el número más elevado de estos actos en los que se quebranta el derecho fundamental a la vida. También se identificaron violaciones frecuentes durante marzo, con 96; enero, con 90, y abril con 82. Los otros meses del año se distribuyeron de la siguiente manera: julio (67), noviembre (59), diciembre (58), agosto (55) y octubre (43).

Entre los estados del país con más casos aparecen Aragua con el 16%, Guárico con 15%, Miranda con 14%, Distrito Capital con 12%, Carabobo con 8% y Zulia 7%. Así fue el total de hechos registrados en cada entidad,: Amazonas (9), Anzoátegui (58), Apure (13), Aragua (171), Barinas (8), Bolívar (46), Carabobo (83), Cojedes (3), Delta Amacuro (01), Dto. Capital (135), Carabobo (01), Falcón (07), Guárico (160), Lara (19), Miranda (156), Monagas (28), Nueva Esparta (8), Portuguesa (13), Sucre (21), Táchira (33), Trujillo (20), Vargas (07), Yaracuy (36), Zulia (77).